El juez Martini pidió el embargue de todos sus bienes por una opinión

En agosto del año pasado, la ex senadora nacional por Salta, Sonia Escudero, fue denunciada por el juez Luciano Martini por calumnias e injurias, por una columna de opinión en la que la funcionaria criticó el fallo del juez, de condenar a Santos Clemente Vera en el juicio por el femicidio de las turistas francesas, sin pruebas certeras. En el día de ayer se llevó a cabo una audiencia que tenía por fin un acuerdo, al que no se llegó. 

Modo Juana dialogó con Escudero, quien indicó «trato de encontrar un juez imparcial pero es casi imposible». Al ser consultada sobre si se trata de una cuestión de amiguismo o de obediencia a los lugares de poder, la abogada resaltó que reina la última y explicó que «el juez Martini es de superior instancia, hijo de la juez de Corte, Sandra Bonari». Además Bonari es directora del Consejo de la Magistratura,»cualquiera que quiera entrar necesita de su amiguismo», dijo Escudero. A su vez, comentó que «los jueces pueden sancionar a los jueces de menor instancia y tienen todo el poder electoral». Y agregó «es muy difícil resistirse», haciendo referencia a la utópica independencia de los jueces. 

Acerca de la causa, la ex senadora nacional dijo que los pedidos de Martini se mantienen y que hay abuso de poder no solo en su denuncia, si no en solicitar el embargue de todos sus bienes y la prohibición de salir del país. «Hasta ahora no hubo ningún juez que decrete estos pedidos». Asimismo, contó que Martini la acusó ayer y le dijo  «usted quería dilatar el proceso». Y sostuvo «yo no quiero dilatar nada, yo defiendo la libertad de expresión, aquí está en juego el derecho de los ciudadanos a criticar a los funcionarios». Así también, Escudero criticó la manera en que los jueces intentan callar usando la justicia e indicó «ese es el peligro, que los jueces intenten amenazar y amedrentar con sanciones y denuncias la libertad de expresión». 

Cabe resaltar que este no es el primer caso en el que un juez inicia o amenaza con una causa penal a un funcionario por criticar su accionar. En el caso  de la defensora oficial Natalia Buira contra el juez Raúl Soria por violencia de género y maltrato laboral, Buira fue amenazada semanas atrás por la jueza Ada Zunino, por cuestionar el sobreseimiento de la jueza a Soria, en una causa por dos incumplimientos a la prohibición de acercamiento que violó el juez. Zunino anunció públicamente que querrellaría en contra de Buira por cuestionarle su falta de perspectiva de género, sin embargo, tras el apoyo que recibió la defensora, parece haber echado su amenaza atrás. Pese a estar despenalizada la crítica en los casos públicos, los jueces en Salta parecen obviar esta medida y usar la misma justicia y el poder para acallar las voces que se atrevan a cuestionar su accionar.

Modo Juana

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