Luego de varios allanamientos en la “zona roja”, Villa San Antonio, por motivo de trata de personas, un grupo de veinte mujeres que fueron allanadas en diferentes puntos del «Bajo», aseguran que no son víctimas de trata y que se las confunde y persigue por ser trabajadoras sexuales. Denuncian que si la persecución continúa, deberán regresar a la calle, donde sufren diferentes tipos de violencia, hasta poner en riesgo sus vidas. 

Las mujeres advirtieron que se confunde trata con trabajo sexual, mientras en la trata hay redes mafias y crimen organizado, ellas son un grupo de mujeres que buscan un lugar en común para no prostituirse en las calles y cuidarse entre ellas.

“Si estamos en un lugar no nos pueden obligar a hacer cosas que no acordamos, pegamos el grito y la otra ya está encima”, aseguró una de ellas. Las historias sobre los riesgos que corren en la calle son muchas. “A mi me llevó un cliente en auto al cerro, me golpeó, me violó y me sacó la plata”, contó otra de las trabajadoras sexuales.

Por el “prejuicio” que aseguran sufrir se taparon la cara con pañuelos que advierten que “trabajo sexual es trabajo, negarlo es violencia”, y se organizaron para que “la prensa deje de hablar por ellas”. Anto, una jujeña que fue rescatada como víctima en dos allanamientos, si bien asegura que no es víctima, contó un episodio que, de haber sido víctima, se la revictimizó: “Que Pasa Salta sacó fotos nuestras como víctimas y por eso me quitaron a mis hijos, por prostituta, tienen 6 y 8 años, están con mi mamá, no los veo hace un año”, indicó entre lágrimas. 

Anto, al igual que las otras mujeres, insiste en que no es víctima de trata y sigue trabajando, incluso hasta interrumpió esta entrevista para ir a hacer “un servicio” para el que la buscaron en un automóvil. ”Ehh dejá de trabajar un rato”, bromearon sus compañeras. 

Las mujeres se distancia del delito y aseguran que si ellas supieran de explotación sexual, lo denunciarían. “Yo tengo hijas, nietas, no me gustaría que les pase eso, no lo permitiría” es el argumento que se escucha repetir. 

 “A mi me llevaron en el 2019 como explotadora porque decían que me pasaba más tiempo afuera que las otras chicas, pero no entienden que yo ya soy vieja y me lleva más tiempo hacer lo que las chicas jóvenes hacen en un rato”, contó Daniela que aseguró que en el último allanamiento fue asistida como “víctima”. 

“El artículo 5 de la ley de trata contempla específicamente de la víctima de trata que a su vez explota, y contempla como excusa absolutoria que no sería punible, pero tenemos plazo para la investigación hasta el 7 de diciembre” advirtió el fiscal federal Eduardo Villaba sobre la última causa.  

 “No persigo a las trabajadoras sexuales, jamás lo voy a hacer, si a las personas que lucran con ellas y las convierten en mercancía, eso quedó demostrado cuando ninguna fue presa”, aseguró el fiscal. 

Las causas

Son diferentes los allanamientos en el último tiempo en Villa San Antonio, pero principalmente las trabajadoras sexuales cuestionaron dos que se dieron en el mismo domicilio. El 9 de diciembre del 2019 se allanó una propiedad en la calle Astigueta, causa por la que se realizó un juicio que terminó con dos hombres dueños de la propiedad presos.  Villaba indicó que ”se logró detectar que las personas que llevaban a cabo la explotación eran dos personas que pasaban semanalmente o quincenalmente por la renta, que en realidad no lo era, porque era proporcional a la cantidad de chicas que ellos lograban captar. De hecho tenemos intervenciones telefónicas donde los dueños del inmueble exigen que hayan más chicas para más ingresos”. 

Pero según Ruth, trabajadora sexual, todo “se distorsiona”, aseguró que allí pagaban entre todas semanalmente 5 mil pesos: “No querían que hayan más chicas, sino que las que estábamos teníamos que comprometernos cada una con su parte y venir para que se cubrieran esos  $5 mil por semana. Además poníamos para las cosas de la limpieza, para que corten el pasto y nos pusieran la luz porque estábamos enganchadas. Nosotras solo buscamos un lugar para trabajar tranquilas, pero cada vez nos quieren alquilar menos, porque se están llevando presos a quienes nos alquilan por explotadores o facilitación de la prostitución”.

El fiscal además indicó que mediante Cámara Gesell surgió la declaración que “la regenteadora cerraba al menos dos puertas con candado a la noche para evitar que haya pases sin que ella los fiscalice, pero con las víctimas adentro. Habían dos víctimas que hace años no venían al centro”.

Por su parte, Ruth aseguró que supo que a una mujer le pusieron una orden de restricción “le dijeron que ya no se podía acercar , yo no sé el arreglo que ellas tenían, pero parece que había chicas que a ellas les cobraba. Me enteré cuando fuí a la fiscalía federal que ella fue imputada y luego sobreseída, en este nuevo allanamiento la vuelven a imputar“. La trabajadora sexual se despegó de lo que pasaba a «dos puertas» aunque si aclaró que el horario de trabajo es las 22 horas, porque “luego es peligroso”, y confirmó que cierran las puertas. “Las que vivían se quedaban, de noche es inseguro porque no se puede trabajar sola en la casa, les puede pasar algo, si había dos mujeres que se drogaban y querían quedarse, pero no se las dejaba adentro, se distorsionan las cosas”, insistió.

Villaba recordó que luego del juicio por la causa del 2019,  el inmueble apostado sobre la esquina que tiene forma de U, pasó a ser propiedad del estado nacional: ABE (Administración de Bienes de Estado), que se la cedió al ministerio de desarrollo social provincial y ellos a su vez a la Fundación Volviendo a Casa.  “Del otro lado se quedaron las chicas que por razones humanitarias decidimos dejarlas, luego vino la pandemia, esa situación se prolongó; y hubo una falla del estado, del organismo que tenía a su cargo el inmueble, y el delito se recicló y tuvimos nuevamente casos de ejercicios de la prostitución, explotación de la prostitución y venta de drogas, con la gravedad que se llevaba a cabo en un inmueble del estado nacional”, resaltó el fiscal sobre el segundo allanamiento en la misma propiedad.

Sobre el segundo allanamiento, Villalba aseguró que nuevamente se pudo observar explotación mediante llamadas telefónicas y un “agente revelador” que observó que había una “mujer con ascendencia” sobre las otras.  “Cobraba $300 por pase y se acreditan 20 pases de personas por día, esta persona que cobraba la renta también ejerce la prostitución y se optó  por el desalojo del inmueble y la imputación de esta persona”, explicó.

Por otro lado Villalba reconoció que “muchas de ellas ejercían la prostitución por cuenta propia, pero hay otras,  4 o 5 que pagaban el pase y además le tenían miedo”. 

Para concluir el fiscal aseguró: “No descarto que algunas de ellas ejerzan la prostitución por cuenta propia, igualmente lo que no puede ser es que se lleve  cabo esa actividad en ese inmueble”. Villalba reconoció que algunas continuaron ejerciendo la prostitución en otro lado, “pero hay otras víctimas recuperadas que le encuentran otro sentido a la vida que no sea esta”.

Anto, al igual que otras mujeres “rescatadas” fueron llevadas al Polo de la Mujer para ser asistidas, “me están ayudando con el caso de mis hijos, pero me piden que denuncie, pero no hay a quién denunciar”, aseguró. Otras indicaron que al indicar que no son víctimas les dicen que “lo son de todos modos, solo que ellas no pueden entenderlo”. Ruth los cruzó y aseguró que “son ellos que no quieren entenderlo», además contó que la psicóloga de la fiscalía le aseguró que habían asistencias económicas previstas como mercaderías y programas sociales, “pero que debíamos registrarnos como víctimas, le dije que no. También me dijeron que para seguir cobrando el Progresar debía hacerlo, pero yo me llevo desde 5 a 30 mil pesos por día, con un plan no hago nada”, aseveró.