El pasado 18 de enero el juez Eduardo Barrionuevo, emitió un amparo que fue presentado por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ). En el mismo exige que se de cumplimiento a la Ley 7.856 de Salud Intercultural en Salta, debido a las muertes producidas por el incumplimiento de la misma. Si bien la ley fue sancionada en 2014, en Salta bajo la excusa de que no está reglamentada, no se da su efectivo cumplimiento. En ese marco, el amparo esperaba la decisión de la Corte de la Provincia, que finalmente dio la razón al pedido del juez.

El amparo fue presentado luego de las muertes de niños y adolescentes de comunidades originarias que podían ser evitadas, ya que se dieron por falta de atención médica y  desnutrición. La medida intima a la provincia a designar “facilitadores culturales en los Hospitales de Referencia o Cabecera de los departamentos de Orán, Rivadavia y San Martín así como en Salta Capital. Asimismo, solicita el establecimiento y manutención de albergues, con el fin de contener  a niños/as, adolescentes indígenas y a sus familias.

 La Ley 7856 de Red de Apoyo Sanitario Intercultural e Interinstitucional para Pueblos Originarios, prevé en sus objetivos principales garantizar el acceso equitativo a la atención médica, la asistencia a los familiares de los pacientes, respetando sus valores culturales. Así también, proveer de facilitadores interculturales  bilingües que garanticen una comunicación factible entre el sistema de salud y el paciente originario.

La importancia de aplicación de la Ley reside en que en Salta hay alrededor de quinientas comunidades indígenas que pertenecen a más de catorce pueblos originarios y viven en condiciones de pobreza estructural y discriminación, con fuertes restricciones en el acceso al sistema de salud y a servicios básicos como el agua potable.  Según el Ministerio de Salud Pública de Salta, actualmente en la provincia habitan 17.156 familias y aproximadamente 102.936 personas de comunidades indígenas.