Los intendentes de Salta no dejan de ser primicia por su inadmisible desempeño en sus funciones. Esta vez, el intendente de Rosario de la Frontera, Gustavo Solís Mónico, finalmente irá a juicio luego de ser imputado por los delitos de incumplimiento a los deberes de funcionario público, fraude a la administración pública y cohecho. 

El intendente fue denunciado por el entonces auditor Mariano San Millán, cuando advirtió irregularidades en contrataciones por la Municipalidad, además está acusado por usar planes sociales truchos en su beneficio. Después de la denuncia de la Auditoría General, la investigación quedó a cargo de la Unidad Fiscal de Investigación conformada por Verónica Simesen de Bielke y Pablo Rivero.

Son varios los intendentes del interior que suman causas, el ex intendente de Rosario de Lerma, Sergio «Topo» Ramos, quien mantuvo su cargo por veinte años hasta 2015, está imputado por delitos de peculado. Actualmente se desempeña como senador y tiene un pedido de desafuero sin resolver. El ex intendente de Salvador Mazza, Rubén Méndez, se encuentra imputado por incumplimiento de sus deberes de funcionario público, enriquecimiento ilícito, asociación ilícita, entre otros delitos.

Otros intendentes que están en la mira en el tiempo tiempo son el intendente de Tartagal, Mario Mimessi, a quien acusaron recientemente de que habría beneficiado por una «deuda de favores» a la empresa de colectivos 13 de junio, llevando el boleto de transporte a 91 pesos, el más alto del país. Así también, el intendente de Colonia Santa Rosa, Mario Guerra, fue acusado días atrás por concejales de no pagar sus sueldos y de no presentar informes de su gestión del año 2021. Además, Guerra tiene una denuncia por violencia de su género de su ex pareja, quien denunció violencia física, psicológica y económica en febrero del año pasado.