El pasado 25 de julio, la  jueza de Familia N° 2 de Orán, Ana María Carriquiry, emitió un fallo en el que se exigía al gobierno de Salta presentar un plan de distribución del 10% del presupuesto de Salud que debe destinarse a Salud Mental según la Ley, pero la Provincia solo destina el 0,04%. El gobierno contaba con diez días para responder a la resolución pero a la fecha aún no lo hizo. 

La jueza señaló que sólo el Comité Contra la Tortura elaboró un informe sobre los hospitales públicos y la atención a los pacientes en Salud Mental en la región. En ese marco, indicó que ante el incumplimiento, el Gobierno podría ser demandado penalmente por incumplimiento de los deberes de funcionario público, como así también a pagar astreintes (multa económica hasta que cumpla).