En el día de ayer, la jueza de Familia N° 2 de Orán, Ana María Carriquiry, resolvió que en 10 días la provincia debe presentar un Plan de Salud Mental ante su juzgado. El mismo debe incluir la efectiva destinación del 10 % del presupuesto del Ministerio de Salud a a Salud Mental, según lo prevé la ley. El mismo debe alcanzar su cumplimiento en un año.  La resolución se dio en el marco del amparo colectivo presentado por los asesores de Incapaces del Distrito Judicial de Orán, Gladys Reynoso y Cristian Babicz. 

La jueza detalló en su fallo la «no prestación injustificada del servicio de Salud» que afecta a Orán. En el mismo describió la situación paupérrima en la cual se encuentran el Hospital local, San Vicente de Paul, y el Centro Tinku, destinado al tratamiento de las adicciones. La falta de recursos humanos es uno de los mayores problemas en los Hospitales de Orán, como también los contratos vencidos y falta de pagos que sufren los trabajadores de la salud mental.

Si bien la ley establece que debe garantizarse el 10% del presupuesto a Salud Mental, la misma secretaria del área y la Asesoría de Incapaces, informaron que la provincia solo destina el 0,04%.

Cabe recordar que la situación precaria de los centros de salud de mental no solo ocurren en Orán, si no que capital el Hospital Miguel Ragone, viene hace tiempo reclamando las condiciones edilicias deplorables sin que se hagan concretas las respuestas.