Llegar a ocupar un cargo en el Concejo Deliberante, debería ser sinónimo de no contar con antecedentes penales, sin embargo, la violencia de género parece ser condición no excluyente en Salta y a los integrantes del cuerpo les aparecen causas nuevas y anteriores que nadie quiere reconocer. En los últimos días resonó el caso del concejal capitalino Ricardo Colque, por un episodio de violencia de género contra su pareja. Por el hecho, hoy al mediodía será imputado. No obstante, a raíz de la noticia, se conoció que ya contaba con una denuncia de 2018 por violencia de género contra una ex pareja, en aquel entonces menor de edad.

El padre de la víctima detalló que Colque tenía una perimetral que nunca cumplió. Además, señaló que existe otra denuncia por violencia de una joven de Campo Quijano. Sin embargo, desde el partido que representa el edil, Salta Independiente- SI, aseguraron que en los antecedentes penales no figuraba ninguna causa. 

Lamentablemente el caso de Colque no es un hecho aislado, ya que el ex concejal por capital Martín Del Frari también llegó a la banca con denuncias por violencia de género y lo que es aún peor, el propio Concejo desestimó su destitución. En 2018, trascendió que el edil tenía una denuncia del año 2016 por un hecho de violencia de género en la vía pública contra su ex pareja. Del Frari sostuvo que se trataba de una «jugada política», argumento que emplean la mayoría de los acusados al ser descubiertos, y que posiblemente de eso se traten varias exposiciones, pero no se cuestionan el porqué cometieron dicha causa. 

Pese a esto, el Concejo desestimó el pedido de destitución y Del Frari continuó en su cargo hasta 2019, año en que Liliana Mazzone, ex diputada provincial, lo denunció por prohibirle ver a su nieto y por ejercer violencia de género contra Laura Carmona, quien tiene un hijo en común con el hijo de la ex diputada.