El nuevo superministro de Economía, Sergio Massa, expuso ayer las medidas económicas que planea aplicar en el país. Entre ellas, anunció que realizará una política de reordenamiento de los planes sociales, a través de auditorías que realizarán las Universidades a partir del 15 de agosto. Massa advirtió que quienes no cumplan con los requisitos de cada programa, recibirán la suspensión del beneficio. 

En su estrategia, ya planteada anteriormente como presidente de la Cámara de Diputados, el ahora ministro señaló la necesidad de posicionar al plan social como la emergencia y transicionar a que el trabajo formal sea lo permanente. Sin embargo, en Salta esta alerta de recortes significaría una profundización de las necesidades, teniendo en cuenta la situación de pobreza, desempleo y trabajo informal que existe en la provincia y la cantidad de personas que perciben algún tipo de ayuda estatal. 

Un diagnóstico con datos del INDEC sobre la situación de Salta en el segundo semestre de 2019, marcaba que el desempleo era de 9,5%, por arriba del promedio nacional (8.8%). Asimismo, de un total de 415 mil trabajadores asalariados, 188 mil trabajaban en negro, es decir un 45,3%. A su vez se registró un 45,5% de pobreza en Salta, 10% por encima del resto urbano. Cabe destacar que estos datos son previos a la pandemia, la cual desató mayores necesidades y pérdidas de empleo. 

En cuanto a los planes sociales en la provincia, SIEMPRO, el Sistema de Evaluación y Monitoreo de los Programas Sociales, informó que los números estimativos en 2019 del plan Asignación Universal Por Hijo eran de 165.929 titulares. En tanto el programa Hacemos Futuro, registraba 6.253 titulares. Las pensiones no contributivas ascendían a 70.609. La asistencia del plan Alimentar era de 49.436 tarjetas entregadas y el programa Sumar registraba 199.972 beneficiarios.