Mañana el poder ejecutivo provincial presentará ante el poder legislativo el presupuesto para el año entrante y no incluyó al Comité Contra la Tortura como Ente Autárquico. Esto limita los recursos del organismo que vela por las denuncias de apremios ilegales y vejaciones en cárceles. Actualmente el Comité funciona en una oficina prestada por Derechos Humanos, sin internet ni télefono.

No es la primera dilatación del gobierno saencista. La ley 8024 por la cual se crea el Comité y le da la autonomía para que funcione con sus propios recursos como ente autárquico, se sancionó en el 2017, en el 2018 se reglamentó pero recién este año, cuatro años después, el gobierno oficializó los cargos.

Hasta ahora el organismo se financia con recursos de sus propios representantes, sin personal, sin equipamiento, sin viáticos ni movilidad. Desde el Comité pidieron al ejecutivo y legisladores que se revea el presupuesto. Advirtieron que en caso contrario, se remitirá este «tema de gravedad institucional al Consejo Federal de Mecanismos Locales de Prevención de la Tortura y a la Asamblea del Consejo Nacional de Prevención de la Tortura a realizarse los días 6 y 7 de diciembre próximos, y en caso de ser necesario se reclamará judicialmente».

El Comité funciona en Santiago del Estero 2091. Los comisionados son: Rodrigo Solá, Ramón Rosa Corregidor, Cristina del Valle Cobos y Andrés Giordamachi