Los nuevos requisitos que el gobierno nacional reglamentó para las mujeres que acceden al Plan Acompañar puso en discusión el funcionamiento del plan que con un Salario Mínimo Vital y Móvil por 6 meses representaba una ayuda económica por única vez para mujeres que atraviesan violencias.
En Salta, según los datos del tablero de datos del extinto Ministerio de Mujeres Género y Diversidad fueron 18.580 mujeres que accedieron al Plan desde 2021, (cuando comenzó a implementarse el plan en el interior), a octubre del 2023. Esto representa un promedio de 546 mujeres por mes. Los datos ya no están disponibles porque la página web que recolectaba la información de las diferentes ayudas del Ministerio fueron eliminados. Sin embargo fueron recuperados oportunamente por las ex trabajadoras del fenecido Ministerio.
El nuevo requisito para acceder al Plan es realizar la denuncia, lo que va a contramano con la información de la propia Corte Suprema de Justicia. Según la Corte, a una mujer le lleva 7 años en promedio poder denunciar una situación de violencia. Además el Observatorio de Violencia Doméstica de la Corte Suprema indicó en su informe del 2023 que la mayoría de las personas que denuncian violencia doméstica son mujeres, al punto que a lo largo de la vida «hay 3,5 mujeres afectadas por violencia doméstica por cada varón». También destacaron la apremiante situación económica que atraviesan: según el informe, entre las personas afectadas 44% tiene un nivel socioeconómico bajo; 17%, medio-bajo; 26%, medio, y 13%, medio-alto.
Por su parte, la Secretaria de Mujeres Género y Diversidad de Salta, Itatí Carrique advirtió que «estadísticamente podemos decir que la mayoría de las mujeres que reciben el acompañar no hubiesen hecho denuncias. Teniendo en cuenta esa estadística, imagínate si le pedís a una mujer que denuncie y además no va a tener asistencia económica. No se podrá ir de su casa, porque la denuncia genera muchas veces más violencia. Pedirle la denuncia será finalmente no darle la ayuda a nadie». Respecto a la acreditación de la situación de violencia, Carrique aseveró que cada área de género municipal se encargaba de chequear la situación que luego era analizada por el Ministerio que decidía finalmente a quién asignar la ayuda. «Hay un montón de herramientas para evaluar y creerles», destacó la funcionaria.
Sin embargo, incluso aunque la mujer pueda denunciar, la nueva disposición del gobierno nacional es reducir esa ayuda que pasó de ser por 6 meses a 3.