La prisión domiciliaria otorgada a Agustín Rosa Torino se suma a la del arzobispo Zanchetta. Mientras que en la cárcel de Villa las Rosas hay actualmente 5 niños y niñas presos junto a sus madres.

La prisión domiciliaria recientemente otorgada al religioso Agustín Rosa Torino, argumentadas en padecimientos de salud y su edad de 70 años, amparadas por el artículo 32 de la ley  24.660, al igual que el beneficio otorgado al arzobispo Gustavo Zanchetta; si bien son legales, abre dos interrogantes. El primero es  sobre cómo se otorga el beneficio con total subjetividad en comparación a otras situaciones que la misma ley también reconoce,  y el segundo se relaciona con el primero: sobre el avance de las investigaciones económicas por lavado de dinero o desfalco al estado.

Respecto a la primera el artículo 32 de la Ley 24.660 indica que el juez competente “podrá disponer el cumplimiento de la pena impuesta en detención domiciliaria” a quien esté enfermo “cuando la privación de la libertad en el establecimiento carcelario le impida recuperarse o tratar adecuadamente su dolencia y no correspondiere su alojamiento en un establecimiento hospitalario”. También al  “interno que padezca una enfermedad incurable en período terminal”, o al interno discapacitado “cuando la privación de la libertad en el establecimiento carcelario es inadecuada por su condición implicándole un trato indigno, inhumano o cruel”. Incluye además a quienes tengan más de 70 años. En cuánto a madres y mujeres contempla que se lo otorgue a ” la mujer embarazada;  a la madre de un niño menor de cinco (5) años o de una persona con discapacidad, a su cargo”.

Pero para los jueces salteños una parte del artículo de la ley pesa más que otro. Las prisiones domiciliarias otorgadas a los altas jerarcas de la iglesia contrastan con las madres que crían a sus hijos e hijas en las cárceles:  actualmente hay 5 niños y niñas menores de 4 años presos junto a sus madres en el penal de Villa las Rosas. Los datos son del último monitoreo que realizó el 5 de Septiembre pasado el Comité Contra la Tortura en Villa Las Rosas (Unidad Carcelaria 4).

El otro interrogante es sobre cuánto pueden interferir desde sus prisiones domiciliarias en las investigaciones económicas abiertas y de las que poco se sabe de su avance.

¿Y lo económico?

Tanto el caso de Canchetta como el de Rosa Torino sentaron precedentes a nivel nacional: Zanchetta fue el primer arzobispo del país en ser condenado por abuso y Rosa Torino el primer Fundador de un Instituto Religioso. Ambos abusadores además comparten acusaciones de delitos económicos que surgieron a la par de las denuncias por abuso sexual a los seminaristas que dependían de las autoridades eclesiales.

En el caso de Rosa Torino, varios seminaristas, entre ellos Cristian Canada o el ex sacerdote Juan Eduardo Jotayan (este último incluso durante el juicio por abuso sexual) indicaron que traían dólares bajo los hábitos desde Méjico. Además, se indicó que era dinero que provenía de donaciones del narcotráfico.

Por este motivo la fiscal penal Verónica Simesen de Bielke derivó a la fiscalía federal de turno el caso para investigar un presunto lavado de activos vinculado al narcotráfico. Sin embargo, del caso no se supo más nada.

En el caso del aún sacerdote Gustavo Zanchetta, la ruta del dinero que debiera investigarse es la tuya, la del estado: desde subvenciones hasta dinero no declarado. Los sacerdotes que osaron denunciar a su superior por abuso, también lo acusaron de vender propiedades de la iglesia sin declararlas. ”Hubo una venta de un inmueble de Aguas Blancas por 200 mil dólares y la venta de un inmueble donado en Buenos Aires en 800 mil dólares. Según afirma, el entonces obispo no presentó constancia de esa venta y que no fue consultado el colegio ni se pidió autorización a la Santa Sede, porque, según Zanchetta, Su Santidad le sugirió que no lo haga figurar en ningún lado para evitar que se considere a la diócesis como menos necesitada”, indicaron en la denuncia eclesial interna.

 También una ex administradora del Seminario San Juan XXIII aseguró que se recibieron subvenciones estatales para cursos que nunca existieron.  El seminario de Orán fue subvencionado para su formación y previamente para su construcción: mediante el decreto 1965/15, en  2015 el Gobierno provincial asignó fondos para el Seminario “otorgar un subsidio a favor del Obispado de la Nueva Orán, entregado en nueve (9) cuotas de pesos cincuenta y cuatro mil cada una”.